URGENTE /// QUEDÓ DESARTICULADA LA TRAMPA TENDIDA A RAÚL OTHACEHÉ
La Justicia falló a favor de Othacehé al desestimar la denuncia de los dirigentes sabbatellistas miembros de la Comisión Provincial por la Memoria


Merlo (25-07|11:45) Redacción MerloGBA ///
El Poder Judicial de la Nación emitió un fallo favorable al Intendente de Merlo Raúl Othacehé, en la causa en su contra iniciada por los dirigentes sabbatellistas e integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Alejandro Mosquera y Hugo Cañón, con la pretensión de incriminar al jefe comunal en la comisión de los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia", y que ha sido calificada como "falsa denuncia".

El recorrido de la medida de "no innovar"

1) Emiliano Ruy Rodriguez, un funcionario del Municipio de Morón (?), el 28 de marzo de este año presentó al juez Daniel Rafecas una nota haciéndole saber que la ex comisaría de Libertad había sido identificada como un centro clandestino de detención y que dicho edificio debía ser preservado.

2) Con fecha 3 de abril, el juez Rafecas dicta la medida de prohibición de innovar e inmediatamente libra oficios comunicando la medida al ministro de Justicia y Seguridad bonaerense Ricardo Casal y a la Directora de Derechos Humanos del Municipio de Morón, Antonella Di Vruno.

3) En la mañana del 18 de abril, el funcionario moronense Ruy Rodriguez puso en conocimiento al Dr. Rafecas que en ese momento se estaba llevando a cabo la demolición del edificio.

4) Cerca del mediodía del 18 de abril, otro funcionario del gobierno de Morón, Germán Outeda, y el concejal de Merlo por el espacio Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, Juan Leguizamón, entregaron a las autoridades del Municipio de Merlo presentes en la obra la notificación de la medida de "no innovar" que el juez Rafecas cursó al Municipio de Morón (y no de Merlo).

5) Menos de una hora después, las cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas de Merlo cesaron los trabajos de demolición del edificio de Eva Perón 1220.

6) Posteriormente, los miembros de la Comisión Provincial por la Memoria y dirigentes cercanos al diputado Martín Sabbatella, Hugo Cañón y Alejandro Mosquera, iniciaron ante el Juzgado del Dr. Rafecas una denuncia penal contra el Intendente Raúl Othacehé por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia".

La ley y la trampa

El diputado Martín Sabbatella, ex intendente de Morón, archienemigo del jefe comunal de Merlo Raúl Othacehé y titiritero del actual poder político del gobierno distrital de Morón, montado a caballo de una situación híper sensible y dolorosa como todas las que enmarcaron el terrorismo de Estado que llevó adelante la última dictadura militar, preparó un terreno cuasi perverso y hasta traicionero, cuando pergeñó junto a sus colaboradores más cercanos jugarle una mala pasada al intendente Othacehé: desde el Municipio de Morón se gestionó ante el juez Rafecas la aplicación de la prohibición de innovar sobre el edificio en cuestión, y a vuelta "de correo" el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 notificó a la Municipalidad de Morón y al Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense la puesta en vigencia de dicha acción judicial, pero con la insólita salvedad de que las notificaciones en el organismo provincial están fechadas el 26 de abril, es decir 8 días después de la frustrada demolición. Ni el gobierno Municipal de Morón ("No corresponde, es otro distrito" dijeron los hombres de Sabbatella) ni el Ministerio de Justicia cursaron al Municipio de Merlo notificación alguna de la medida, mostrando un total desinterés por la verdadera y auténtica causa que pudiera evitar una eventual demolición: solo hicieron silencio a la espera de que la presa caiga en la trampa.

La seguidilla de acciones en búsqueda de ocasionar el mayor desprestigio y daño posibles a la figura de Raúl Othacehé, continuó con la anteriormente mencionada denuncia penal por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia", la falta de notificación de la medida judicial al Municipio de Merlo (a la sazón es el distrito donde se enclava el edificio catalogado como "sitio de memoria", nada menos), y la falta de notificación a la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, cuya titular, Stella Segado, informó a la Justicia que este organismo "no fue anoticiado" de la medida dispuesta por el Dr. Rafecas.

Las patas cortas de la mentira

Los concejales de Merlo con asiento político en el distrito de Morón, Patricia Alvez, Juan Leguizamón y Marcela Maidana, se pronunciaron ante el Juzgado Federal de Morón aduciendo que ellos se enteraron de la medida de "no innovar" en el mismo momento de ejecutarse la demolición, es decir el 18 de abril. Pero, en la misma declaración, ya sea por ignorancia, por omisión o por falta de una preparación política adecuada, Alvez manifestó que tiempo atrás se anotició por un artículo periodístico (sin mencionar el medio) de la próxima demolición de la ex comisaría 4ta, y en razón de ello se puso en contacto con la Dirección de Derechos Humanos (¿de Merlo?, no, por supuesto de Morón) desde donde se gestionó ante el juez Rafecas impulsar la famosa medida. Sin avergonzarse, agregó en su declaración ante la Justicia que desde el aviso dado a sus compañeros moronenses, nunca volvió a saber nada del tema hasta el día de la demolición. Los ediles que, supuestamente deberían representar al pueblo de Merlo, viven anclados al Municipio vecino, y deberían estar preocupados, de acuerdo a lo manifestado por Alvez: o los superiores moronenses ningunean a sus delfines de este pago o "nuestros" legisladores estuvieron de vacaciones.

A ver: Alvez y sus compañeros de bloque propician ante el gobierno de Morón elaborar una estrategia para evitar la destrucción del "sitio de memoria", eluden groseramente dar un paso en el distrito donde legislan, dan el aviso a sus jefes de Morón, comienza a gestarse la acción judicial, y el día de la demolición acertaron a pasar casualmente por el lugar para poner el grito en el cielo por la destrucción de un lugar emblemático de los Derechos Humanos. Una impresentable cadena de desaciertos de tres concejales que pagan el precio de una inadecuada práctica de importación política.

La Justicia falló a favor de Othacehé

Finalmente, la denuncia penal contra Othacehé impulsada por los referentes sabbatellistas y miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, Alejandro Mosquera y Hugo Cañón, fue desestimada por la Justicia, ya que el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón Nº 2, Dr. Jorge Rodriguez, dictaminó que "habiendo evaluado las probanzas colectadas en las actuaciones no encuentro acreditados los extremos probatorios que razonadamente me lleven e concluir la comisión de delito alguno". Por consiguiente el fallo emitido por el Poder Judicial de la Nación señala que ni el Intendente Municipal Raúl Othacehé ni sus funcionarios tenían "conocimiento de la medida que impedía la demolición de la ex comisaría de Libertad, y que una vez que tomaron conocimiento, en forma directa por parte del funcionario policial encomendado por el Dr. Rafecas, finalizaron de inmediato las tareas".